La mayoría de las víctimas retratadas en las diferentes galerías del Museo Urbano de la Memoria, son víctimas de Crímenes de Estado, es decir, obedecen a actos sistemáticos y generalizados cometidos por las distintas formas de autoridad del Estado (o por particulares auspiciados desde el mismo) contra población civil.

Ideológicamente este actuar ha sido justificado bajo la idea del enemigo interno, que se gestó durante el conflicto armado para hablar de las guerrillas y que se ha expandido, posteriormente, a líderes, defensores de derechos humanos, y en general, cualquier persona o colectivo que se considere disidente de las distintas formas de autoridad y poder y activista en la denuncia y protesta ante diferentes tipos de violencia, injusticia, violaciones de los derechos humanos, medioambientales, económicos, etc.

Según cifras del Centro de Memoria Histórica el conflicto armado (desde 1958) ha dejado un saldo de 220.000 homicidios documentados y cerca de 5 millones de desplazados (entre 1985 y 2012). En 2011 el gobierno instauró la llamada Ley de Víctimas (1448 de 2011) con el objetivo de brindar atención y asistencia a las víctimas y parejas, padres o hijos de víctimas mortales o desaparecidos, así como a recibir justicia y buscar la reparación integral desde el derecho a saber la verdad y a asegurar la no repetición.

Esta ley cobija solamente a personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños por hechos posteriores al 1° de enero de 1985 y como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Que las víctimas de la policía o el Esmad, los líderes sociales asesinados aparentemente por fuera del conflicto armado, muy especialmente los ambientalistas, en el país donde más líderes medioambientales se asesinan en el mundo, las personas asesinadas por diferentes crímenes de odio, principalmente los pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y otras muchas víctimas, queden por fuera de esta Ley, no exime al Estado de su responsabilidad por acción u omisión y de la necesidad de abordar como nación y como sociedad verdaderos procesos de Justicia Restaurativa que conduzcan hacia la reconstrucción del tejido social y la posibilidad de una verdadera paz estable y duradera.