Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “La protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación” es por ello que tiene una fuerte vinculación con el ejercicio de la democracia y diversas reivindicaciones referentes a los derechos humanos.

La Protesta Social se sustenta en derechos como la libre expresión, asociación y reunión, reconocidos por la mayor parte de las constituciones del mundo y en otros derechos como la afiliación sindical, la huelga o la participación política.

Por su carácter colectivo, la Protesta Social suele adquirir formas de marchas, plantones y reuniones en la vía pública que, de alguna manera, alteran el normal y diario funcionamiento del transporte público, la movilización y otras actividades cotidianas como el comercio.

Estados democráticos como el colombiano, están comprometidos, por mandato constitucional, a permitir estas maneras de expresión popular y colectiva. Sin embargo, en Colombia, con el fin de deslegitimar y debilitar la protesta social ha sido una práctica de Estado común su criminalización.

Amparados en nociones como terrorismo, bloqueos de calles y carreteras, orden público o ponderación entre derechos e intereses legítimos y contrapuestos por parte de los diferentes sectores que, de una u otra forma se ven afectados por dicha protesta, la protesta social ha sido sistemáticamente vanalizada y minimizada en el país con la connivencia de los principales medios de comunicación y reprimida, en muchas ocasiones, de manera desmesurada por parte del Estado.

En Colombia, y solo en 2021, unas 100 personas murieron de manera violenta en el marco del Estallido Social.